Editorial Team
Publication Date
January 8, 2024
Marissa Revilla, GPJ México
Familiares y amigos hacen fila para visitar a las mujeres y hombres que se encuentran presos en el reclusorio CERSS 5 en San Cristóbal de Las Casas.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, MÉXICO — Es domingo a las 10 de la mañana, día de visita en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, mejor conocido por sus siglas como CERSS 5. Las personas hacen fila para entrar a visitar a sus familiares que allí se encuentran recluidos. En una mesa de concreto, bajo una palapa de palma, se encuentran Petrona Hernández Pérez y Lucía Pérez, las compañeras de Agustín Pérez Domínguez y de Juan Velasco Aguilar, respectivamente, originarios del barrio de K’a’ni’ en San Juan Cancuc. Ambos se encuentran presos en el CERSS 5. Las mujeres van acompañadas de algunas y algunos de sus hijos, con tamalitos de frijol y lo que alcanzan a llevar para la visita mensual.
“Nuestra familia allá afuera está sufriendo porque no podemos mantenerla”, dice Pérez Domínguez.
Él fue detenido en K’a’ni’ en mayo de 2022 junto a Velasco Aguilar y Manuel Sántiz Cruz, acusados del homicidio de un policía de su municipio. Dos hombres más, entre ellos el hermano de Pérez Domínguez, fueron arrestados afuera del CERSS 5 tres días después, luego de testificar a favor de sus compañeros. Lo que estos hombres hablantes del tseltal tienen en común es que ninguno sabe comunicarse en español, con excepción de Pérez Domínguez, quien lo habla poco.
En mayo de 2023, los hombres fueron sentenciados a 25 años de prisión, tras un proceso legal del que acusan inconsistencias por falta de traducción e interpretación a su lengua, ya que el traductor e intérprete que se les asignó no presentó ningún certificado o documento que acreditara que conocía el tseltal.
Según datos de distintas organizaciones, una cantidad significativa de personas hablantes de lenguas indígenas privadas de su libertad no tiene acceso a un intérprete. En Chiapas, uno de los estados con mayor presencia indígena de México, esta situación pone en desventaja a esa población, a pesar de que el derecho a que se les asigne un defensor público y traductor que hable su lengua está reconocido en los artículos sexto y séptimo de la constitución local.
En su informe de 2017 titulado “El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de libertad en los estados de Chiapas y Oaxaca”, ASILEGAL, una organización que defiende y promueve los derechos humanos de personas privadas de libertad, indicó que el 42% de las personas indígenas encuestadas en Chiapas no contaron con la asistencia de un intérprete traductor. El 45% de quienes sí tuvieron acceso a esa asistencia, dijeron no haber entendido a dicho intérprete traductor, lo que con frecuencia sucede porque el intérprete y el acusado hablan variantes distintas de una lengua indígena, señala el documento.
La recomendación general 45/2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el derecho de las personas indígenas sujetas a un procedimiento penal para ser asistidas por personas intérpretes, traductoras y defensoras que tengan conocimiento de su lengua y su cultura apunta que “9 de cada 10 personas internas no reciben asistencia de persona intérprete o traductora durante su proceso de detención, así como durante la substanciación del procedimiento penal”.
En Chiapas, casi el 30% de las personas mayores de 3 años hablan alguna lengua indígena de las 12 que existen. En contraste, datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas arrojan que en Chiapas existen solo 13 intérpretes registrados en la especialidad de justicia, que son aquellos capacitados para prestar servicios de interpretación en el ámbito de procuración y administración de la misma.
Juan Pablo Nava, integrante del Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, un colectivo del estado de Chiapas dedicado a luchar por la libertad de las y los presos políticos hasta el momento de su excarcelación, estima que el 99% de las personas detenidas originarias de algún pueblo indígena no hablaban español ni eran bilingües al momento de su detención.
“Esto los deja en el vacío. No entienden lo que está pasando … y esto origina que los puedan sentenciar, que el proceso se alargue o muchas veces las audiencias se suspenden porque no hay intérprete. O en otros casos como nuestros compañeros que sí hablan castellano o que, por lo menos, lo entienden de mayor manera, se han dado cuenta que el traductor no está traduciendo bien”, dice Nava.
Susana de la Cruz Ruiz es integrante del Colectivo de Familiares de Ex Presos en Lucha y de la Organización de Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos. Ella dice que, en su experiencia como familiar y defensora, ha atestiguado que no hay especialistas para traducir e interpretar cuando las personas detenidas sostienen su comparecencia inicial ante una autoridad, en los careos o cuando tienen audiencias y necesitan traducir a su defensa o a la autoridad para que estos le traduzcan al juez o al abogado. O si los hay, son en otro idioma.
“Por ejemplo, los compañeros de Cancuc son tseltales y llega un traductor intérprete ch´ol, o no se presentan en las audiencias porque decían que no había traductores y se posponían”, dice de la Cruz Ruiz.
Por su parte, Mariano López Pérez, titular de la Fiscalía de Justicia Indígena de Chiapas, encargada de brindar atención a delitos relacionados con pueblos y comunidades indígenas, dice que esta siempre cumple con cubrir las necesidades de traducción e interpretación y presta auxilio a las otras fiscalías al respecto. Sin embargo, reconoce como una necesidad real el que haya un cuerpo de traducción e interpretación en todo el estado, aunque señala que el principal obstáculo es que no hay recursos para la contratación de estos profesionales.
Frente a esta situación, en distintos ámbitos sociales se han generado esfuerzos para que exista un equipo más preparado y numeroso que atienda las necesidades de traducción e interpretación.
López Pérez añade que la fiscalía pide apoyo al Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (CELALI), a la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (SEDESPI) y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
“El grupo de traductores de la fiscalía está en el diplomado de dos años que está impartiendo CELALI”, dice. En el CELALI recientemente concluyó un diplomado para intérpretes traductores. Como parte del proyecto “Mejorado el sistema de traducción e interpretación en la administración de la justicia en el estado de Chiapas”, se capacitó a 31 traductores intérpretes en cinco de las 12 lenguas indígenas para el sistema judicial del Estado de Chiapas, del personal de la Fiscalía del Estado, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Universidad Intercultural de Chiapas y del Poder Judicial.
Sebastián Patishtán Méndez, director del CELALI, dice que la falta de capacitación es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los traductores intérpretes, lo que les impide explicar ciertos conceptos. “Tenemos que desmenuzar e interpretar primero del concepto jurídico al español común que todos podamos entender”.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, que investiga casos de detención impuesta arbitrariamente o que sea incompatible con las normas internacionales enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos jurídicos internacionales aceptados por los Estados interesados, es una de las entidades que ha señalado los efectos que la falta de traducción e interpretación tiene en los procesos legales de hablantes de lenguas indígenas.
En 2021 emitió la opinión 43/2021, relativa a Adrián Gómez, Germán López, Abraham López, Juan de la Cruz y Marcelino Ruiz, todos mexicanos hablantes de lenguas indígenas, acusados de diferentes delitos como secuestro y homicidio, en diferentes lugares y años. Los hombres fueron liberados después de años en que sus familiares y varias organizaciones denunciaran las violaciones a sus derechos en sus procesos.
El documento concluye que: “el Grupo de Trabajo no está convencido de que se proveyó a los imputados de la asistencia de un médico y de un traductor y de la asistencia legal de un profesional” y que “al tratarse de personas indígenas y que no dominan el español, las autoridades, con su omisión de facilitar un intérprete, posicionaron a los detenidos en una situación de desventaja ante la detención y para ejercer sus derechos humanos relativos a cuestionar la legalidad de la detención, una adecuada defensa legal y un debido proceso judicial”.
En el caso de los cinco tseltales, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas anuló la sentencia de todos los acusados en agosto de 2023, bajo el argumento de que no contaron con un debido proceso al no tener traducción adecuada al tseltal.
Jorge Gómez Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), una organización civil con sede en San Cristóbal de Las Casas, al igual que la defensa de los implicados, argumenta que algunas audiencias dentro del proceso fueron pospuestas por falta de intérprete traductor y que los que habían sido asignados hablaban una variante del tseltal diferente a la de los acusados.
El siguiente paso tras la anulación sería la reposición de la última etapa del proceso penal, el juicio oral, para el desahogo de pruebas de los testigos, peritos y policías involucrados en el caso, dice Gómez Hernández.
Sin embargo, López Pérez dice que la reposición depende de una futura resolución del tribunal, en la que decidirá si el argumento relacionado con la traducción e interpretación se comprueba o si se ratifica la sentencia. Para la fiscalía no hubo ninguna deficiencia en el trabajo de traducción e interpretación y en la disponibilidad de quienes desempeñan esas tareas, dice López Pérez.
“Y si sigue la revocación, lo vamos a subsanar como quieren, saber cuál fue el detalle del traductor sin necesidad de que se reponga todo el juicio. Nos sujetamos nosotros, aunque no es que no haya habido traductor”, dice López Pérez.
Hernández Pérez, pareja de Pérez Domínguez, con quien tiene seis hijos, defiende la inocencia de su compañero a través de un intérprete de su comunidad. Argumenta que vio al policía, ahora fallecido, irse con vida del lugar donde se cruzó con los acusados.
“No tengo miedo de contarlo porque no soy mentirosa, solo que lo tengo que contar en tseltal porque no sé el español. Si hablo en mi lengua me sale todo. Lo vi con mis propios ojos, que se fue bien el policía. No hay nada claro y por eso me preocupo”, dice.
Marissa Revilla es una reportera de Global Press Journal que vive en San Cristóbal de Las Casas, México.
